Para el 15 de noviembre de 2021, el presidente de la República Luis Abinader anunciaba que por segundo año consecutivo se repartirían las tarjetas de bono navideño. En esta nueva entrega pasaron de un millón a 1,750,000 bonos para la misma cantidad de familias de escasos recursos.
Cada tarjeta tuvo un valor de 1,500 pesos y la inversión pasó de RD$1,500 millones a RD$2,600 millones.
El anuncio de la entrega de las nuevas tarjetas contenía unas promesas que terminaron incumplidas: En un espacio pagado en medios de comunicación el 5 de diciembre del pasado año, el Gobierno explicaba que “las tarjetas serán repartidas a nivel nacional, un 80% por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), y un 20% por las distintas iglesias, congregaciones, las gobernaciones provinciales, alcaldías y legisladores”.
En el informe oficial que se encuentra en la página de la Presidencia de la República se señala que tanto Siuben como el programa Supérate eran los “principales encargados de la distribución de hasta el 80% de esas tarjetas”, y que para tal misión serían apoyados por las distintas iglesias y congregaciones religiosas.
En la práctica, hicieron todo lo contrario: solo el 21% de los bonos fueron entregados directamente por el Gabinete de Política Social y el programa Supérate, de donde depende el Siuben. Incluso si se les considera lo aportado a las iglesias católica y evangélica el porcentaje solo aumenta al 27% de todas las tarjetas repartidas.