
UN PARÉNTESIS:
Un fideicomiso es un contrato en el que una parte le entrega bienes o derechos a otra (la fiduciaria) para que los administre. En el caso de un fideicomiso público, el Estado transferiría bienes a un fideicomiso para que los maneje.

Pero el año pasado, después de que se armó un titingó porque la oposición decía que un fideicomiso para Punta Catalina era una especie de privatización de la planta, el gobierno decidió crear una nueva ley de fideicomisos públicos.
VOLVIENDO AL DEBATE:
Todo el mundo está de acuerdo en que en el país se necesita la Ley de Fideicomisos, pero los partidos de oposición y otras entidades dicen que lo aprobado en el Senado hay que analizarlo bien porque tiene varias fallas. Los morados dicen que así como está la ley, los fideicomisos no tendrían que cumplir con la ley de contrataciones públicas porque podrían contratar y gastar sin tener que pasar por los filtros del Estado (y al final son fondos públicos).
Otra de las preocupaciones es que, según el proyecto de ley, las deudas en las que se meta un fideicomiso no tienen que ser aprobadas por el Congreso ni colocadas en los registros públicos.
DEJA ESO PARA ENERO
Desde el gobierno dijeron que todas esas quejas son «politiquería», pero la realidad es que hay un tranque en la Cámara de Diputados que seguro dará mucha agua de beber en este mes.
DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DICE FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTARÁN REGULADOS POR LA LEY 340-06

Por su parte, el director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, garantizó que los fideicomisos públicos estarán regulados por la Ley 340-06 y tendrán un reglamento de acuerdo con su naturaleza, aprobado por la entidad.
Pimentel explicó que, en virtud del vacío que existe sobre los fideicomisos públicos, actualmente se conoce un proyecto de ley sobre la materia y otro con respecto a contrataciones públicas, ambas piezas armonizadas entre sí para la adecuada regulación de los fideicomisos.
El funcionario planteó que, aunque los fideicomisos públicos no estén debidamente regulados, es criterio de la DGCP que siempre que se trate de fondos públicos, se aplicarán los principios y marco rectores de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
Fuente: El Brifin y Diario Libre