Escrito por: Leonel Fernandez.
El más reciente desvarío de la actual gestión de gobierno fue el relativo al programa de medicamentos de alto costo. El actor principal fue el director de compras y contrataciones, cuando tuvo la insensatez de afirmar que dicho programa se ha hecho insostenible, por lo cual no puede continuar operando.
Su argumento se fundamentaba en que dicho programa resulta muy costoso; que alcanza un gasto anual de 8 mil millones de pesos, el cual debe ser asumido por las administradoras de riesgo de salud (ARS), o por una ley especial de adquisición de medicamentos.
Frente a eso, las protestas fueron continuas. Diversos sectores expresaron su rechazo, por la falta de sensibilidad, solidaridad y espíritu humanitario. Llegó a tal extremo el repudio nacional a tan desatinadas declaraciones, que hasta el ministro de Salud tuvo que, rápidamente, enderezar el entuerto. En su estado de desesperación, la narrativa oficial construida fue la de que, en lugar de eliminar el programa, lo que procedía era ampliarlo, ya que esos 8 mil millones de pesos resultaban insuficientes para atender toda la demanda.
La discrepancia pública entre funcionarios del actual gobierno, ante un aspecto tan delicado como atender a pacientes con enfermedades crónicas o catastróficas, pone de manifiesto lo que en algún momento el actual gobierno ha reconocido como una de sus principales debilidades: la falta de planificación, coordinación y ejecución de políticas públicas.
Obviamente, si un gobierno no es capaz de realizar esas tareas básicas, fundamentales de la gestión pública, es porque se reconoce a sí mismo como incompetente, torpe e ineficaz.
Pero, igual puede decirse en las distintas circunstancias en las que las actuales autoridades han decidido adoptar una medida, y frente a la reacción adversa de algún sector de la vida nacional, han procedido rápidamente a dejar sin efecto sus disposiciones iniciales.
Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, entre otros, con el controvertido proyecto de ley de trata de migrantes; el de la creación de un fideicomiso para la termoeléctrica Punta Catalina; el del plan de reforma fiscal; el del proyecto de ley de presupuesto del 2021; y el de combate a la ciberdelincuencia.
En fin, un gobierno desorientado, pusilánime, con falta de determinación y más preocupado por los likes de Facebook e Instagram que por diseñar y aplicar políticas de Estado en beneficio de la población.
Negligencia peligrosa