Abinader promulgó la ley que trata sobre cómo se van a manejar los bienes que incauta el gobierno de ahora en adelante. Hablamos de la Ley 60-23, que se creó con el objetivo de administrar de manera óptima los bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procedimientos penales y en juicios relacionados con la extinción de dominio.
ME SUENA LO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Ah sí, pero esa es otra ley. La ley 340-22 es la de extinción de dominio. Esa es la ley que dice que el gobierno puede declarar que esos bienes que se incautan ya no pertenecen a sus dueños originales, y esto se hace aparte de otros juicios o procesos legales.
Es decir, tanto esa ley como esta nueva, tratan sobre cómo manejar cosas que se consiguieron de forma ilegal o que se usaron para hacer algo malo, pero cada una se enfoca en algo distinto.
Para ponerlo más sencillo, la Ley 340-22 se ocupa de cómo y cuándo el gobierno puede tomar cosas ilegales, y la Ley 60-23 se encarga de qué hacer con esas cosas una vez que están en manos del gobierno.
GENTE NUEVA
Porque estos bienes antes los manejaba el Ministerio Público, pero ese sistema era poco transparente a nivel de legalidad y estructura para garantizar una gestión eficiente de estos bienes. Uno de los puntos más destacados de la Ley 60-23 es la fundación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE). Esta institución tiene personalidad jurídica y autonomía en las áreas administrativa, financiera y técnica, y está adscrita al Ministerio de Hacienda, que será el órgano encargado de supervisar la administración y destino de estos bienes.
La incautación o secuestro de bienes que haga el Ministerio Público, ya sea de forma directa o mediante orden judicial, deberán ser entregados a INCABIDE. Pero no todo, hay ciertas excepciones en casos como drogas, armas y municiones, las cuales seguirán bajo la custodia del Ministerio Público.
Fuente: El Brifin.