
Siete años después, el caso Odebrecht llegó a su fin en República Dominicana. La Suprema Corte de Justicia absolvió a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, los únicos que fueron condenados de los 14 acusados inicialmente, y además mandó a devolverles todos los bienes que les habían incautado a ambos, entre yates, propiedades, empresas y cuentas bancarias.
UN REPASO
El caso Odebrecht explotó en el 2017, cuando los brasileños admitieron ante la justicia de EE. UU. haber pagado todos los millones del mundo en sobornos para conseguir obras, en todo el continente y un chin más allá. En RD, el monto en sobornos pagados fue supuestamente de 92 millones de dólares. Para compensar al Estado dominicano, se llegó a un acuerdo con Odebrecht para que pagaran el doble de esa cantidad.

El Ministerio Público, en aquel momento dirigido por Yanalán, le armó un expediente a 14 funcionarios y empresarios inicialmente. Se fueron cayendo por distintas razones, y al final solo 6 fueron a juicio de fondo. De esos 6, hubo dos condenas en el 2021: Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, a 5 años; y Ángel Rondón, el hombre del maletín (porque era el que tenía que repartir los cuartos), a 8 años. Ahí arrancaron las apelaciones hasta llegar a la Suprema, que ahora dejó al país con muchos sobornos, pero ni un sobornado.
SE VEÍA VENIR
Díaz Rúa y Rondón fueron condenados en el 2021 por corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero adivina: los fiscales nunca pudieron probar los sobornos que habrían recibido, tanto ellos como cualquier otro funcionario. Y eso determinó la sentencia de la Suprema: el delito de lavado de activos no es autónomo y necesita un delito previo que lo justifique; o sea, no puede haber una condena por lavado si no dices cuál dinero fue que se lavó. Lo grande es que las juezas de aquella condena en el 2021 establecieron que Rondón recibió los 92 millones de Odebrecht, pero nunca se supo —ni se probó— cómo los repartió o a quiénes.
¿QUIÉN FALLÓ?
Algunos dirán que los jueces fueron blanditos y no condenaron a nadie, a pesar de la gravedad del caso. En ese grupo está la directora de Ética del gobierno, Milagros Ortiz Bosch, que dijo que «la ética de los jueces solo se aprecia en sus sentencias».
Pero otro grupo, probablemente mayor, es el que piensa que el expediente que armó el Ministerio Público fue flojo desde un principio. A Jean Alain en su momento lo acusaron de armarlo así a propósito para que el caso se cayera, porque ni siquiera fue a Brasil a preguntarles directamente a los ejecutivos de Odebrecht que a quiénes habían sobornado.
La hoy procuradora Miriam Germán, que no participó nunca del caso por su amistad con Díaz Rúa, avisó en el 2017 —siendo jueza de la Suprema— que el caso se iba a caer porque estaba lleno de muchas teorías y nada de pruebas.
Fuente: El Brifin.