Con la solicitud de medida de coerción a los 7 acusados del caso Camaleón, no solo nos enteramos de que el Ministerio Público busca que los manden a todos a cárcel preventiva por un año y medio en lo que se averigua el caso, sino que conocimos más detalles sobre lo que tienen (o piensan que tienen) en contra de cada uno de ellos.
Entre todos ellos, llama la atención en particular el caso de Jochi Gómez. Sobre su empresa Transcore Latam, ya había dicho el Ministerio Público (MP) que se la crearon ilegalmente para ponerla de pantalla, pero ahora ponen la acusación más grave todavía cuando dicen que tienen pruebas de que no solo era una pantalla para desviar dinero público, sino para espiarnos a todos. Era tan diseñado el plan, que hasta la licitación se redactó en su oficina y todo, asegura el MP.
¿CÓMO ASÍ?
Según el expediente, Jochi usó la infraestructura de la red de semáforos para conseguir datos confidenciales e interceptar llamadas y textos de ciudadanos, empresas y hasta instituciones del gobierno. Además, tenía todo un ejército de drones, cámaras espías y otros dispositivos para monitorear y espiar. También manipuló frecuencias no autorizadas para interceptar comunicaciones y hasta datos de navegación por internet (¿lo que dijo Leonel?).
Esto es mucho más preocupante cuando recuerdas que su empresa, Aurix, firmó un contrato con el Ministerio de Defensa. Según el MP, ese acuerdo ilegal le dio acceso a Jochi a tecnología que debería ser usada solamente por las agencias de inteligencia. Es decir, si entraste a una página rara, probablemente Jochi tuviera cómo saberlo. Pero no te preocupes, que tú no eres tan importante. Lo que sí es importante es usarla para cosas como darle seguimiento y espiar a jueces y funcionarios de la justicia que lo estaban investigando en todo este tiempo, cosa que hacía Jochi según el MP. El tipo estaba tan metido en las instituciones, que tenía en sus manos documentos confidenciales de la misma Procuraduría durante la investigación.
NO SON TODOS LOS QUE ESTÁN, NI ESTÁN TODOS LOS QUE SON
Si Aurix tenía contratos, entre lo de Aurix y lo de los semáforos, que le permitía básicamente tener un poder de monitoreo a los ciudadanos tipo el gobierno chino, entonces hay que ver quiénes le permitieron llegar hasta ahí. Por eso, ahora está citado el exministro de Defensa Rubén Paulino Sem, porque en su gestión fue que se firmó el dichoso contrato con Aurix. Ese contrato fue cancelado hace 1 mes. O sea, que en teoría habría que ver qué pasó desde ese momento en el 2019, hasta aquí.
Aquí no se sabe todavía quiénes faltan por desfilar, porque como hemos dicho antes, este esquema va mucho más allá de una licitación amañada para ganarse unos pesitos. Por eso es que dice el Ministerio Público que ahí faltan imputados todavía. Pero también sobran, dijo el ahora ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.
¿Y QUÉ PINTA PALIZA AQUÍ?
Él dice que no tiene pincel. Lo que pasa es que en el expediente mencionan al Ministerio Administrativo de la Presidencia, que en ese momento estaba liderado por Paliza. Lo que dice el expediente es que el Intrant no tenía cuartos para el contrato de los semáforos, y entonces Hugo consiguió que los 1200 millones se le transfirieran desde el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). Pero entonces esa gestión, de que el IDAC le cediera ese «excedente», se habría hecho a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Eso dice el expediente, en las páginas 67 y 164, pero Paliza le mandó una carta a Wilson Camacho, el titular de la PEPCA, pidiéndole que revise bien esa mención «errónea» de su Ministerio, porque no se corresponde con los archivos que él tiene. Sería bueno saber qué dicen los archivos que tiene Paliza entonces.
Fuente: El Brifin.