Villa Noticia Lo que decimos la verdad
El Poder Judicial anunció hace unos días una nueva política de protección de datos para las personas que están metidas en casos judiciales. Básicamente, todos los tribunales del país tendrán que revisar las sentencias antes de publicarlas, para quitar o modificar cualquier dato personal que pueda servir para identificar a una persona, y que esta pueda sufrir acoso, discriminación o hasta robo de su identidad. Los datos podrían ir desde nombres, direcciones o números de cédula, hasta datos financieros o de salud.
De acuerdo con el Poder Judicial, esta política protege la dignidad y privacidad de las personas sin comprometer la transparencia ni la libertad de prensa.
Dijo Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema, que la medida está alineada con estándares internacionales y busca prevenir que la digitalización se convierta en una amenaza para los derechos fundamentales. Es decir, que se busca un balance entre la privacidad y la transparencia de la información pública. Por eso, los expedientes se seguirán publicando normal, pero algunos datos puede que no estén disponibles.
LOS DATOS QUE SIEMPRE TENDRÁN QUE VERSE SON ESTOS:
Datos identificativos de jueces, fiscales y abogados. Claro, porque la normativa no aplica para ellos.
Personas jurídicas. Como esto es para la gente, las empresas u organizaciones no están protegidas por la política de anonimización.
Publicación exigida por ley. Es decir, que, si una normativa específica requiere la divulgación de ciertos datos personales, estos se incluirán en las decisiones publicadas.
Interés público. Si el caso se justifica bien, la Suprema puede autorizar la publicación de datos personales, evaluando si todos los datos son necesarios o si basta con incluir algunos de ellos.
SÍ, PERO NO
Varias organizaciones se quejaron de esta nueva política, empezando por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y Participación Ciudadana. Aunque se supone que la política busca proteger principalmente a víctimas de casos de trata o de violencia intrafamiliar, o menores de edad y otras personas vulnerables, les preocupa que esto pueda poner más difícil investigar sobre casos de corrupción, crimen organizado y otros delitos de interés público.
Otra cosa es que los jueces son quienes decidirán cuáles datos se pondrán y cuáles se quitarán, entonces ese poder podría ser usado arbitrariamente para esconder cosas a conveniencia. Y aunque la política menciona la posibilidad de mantener datos en casos de interés público, no define de manera concreta cómo se evalúa este criterio, y esto todavía pone más chivos a los periodistas e investigadores.
Por eso, las organizaciones que se han quejado entienden que es una amenaza a varios derechos consagrados en la ley, como el acceso a la información, a que los juicios sean públicos y a que las sentencias sean publicadas tal como fueron redactadas.
Fuente: El Brifin.
